Análisis del CIPOG-EZ sobre la problemática agraria.

“Quinientos años después, doscientos años después, cien años después”

Los pueblos indios de México son herederos de procesos antiguos de resistencia frente a la guerra de conquista y despojo de sus territorios. En la segunda mitad del siglo XVIII y durante el siglo XIX, enfrentaron un ciclo de políticas, leyes y campañas militares contra sus territorios, contra la propiedad comunal.

Las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII y las cédulas reales de 1794, 1798 y 1800, determinantes en el estallido de las rebeliones indígenas de la guerra de independencia, hasta las reformas liberales con la Ley Lerdo que, incorporada en 1857 a la Constitución, prohibía la propiedad indígena corporativa, acompañan un ciclo de acumulación capitalista que culmina con las grandes haciendas porfiristas, con las grandes inversiones extranjeras en minería, manufactura, ferrocarriles y petróleo, con el México bárbaro de las haciendas, las fincas y las monterías.

El largo proceso de resistencia indígena desencadenó en 1910 la primera revolución campesina y popular del siglo XX, donde más de un millón de campesinos, en su mayoría indígenas, dieron sus vidas luchando por la tierra. Esta revolución permitió, en cierta medida, procesos de reforma agraria a favor de ejidos y comunidades indígenas y campesinas basados en el artículo 27 de la Constitución de 1917, y con ello a la propiedad colectiva “inalienable, imprescriptible e inembargable” en muchas regiones del país.

El zapatismo como fuerza popular autoorganizada, con capacidad militar, calidad moral y políticamente independiente, terminó de nacer en noviembre de 1911 con el Plan de Ayala como bandera de lucha. Este esfuerzo dejó enseñanzas importantes al México de abajo, al México indígena, la experiencia zapatista en Morelos (1911-1919), expropió tierras e industrias permitiendo la reconstitución de los territorios y la construcción de otra forma de hacer política. El zapatismo no reivindicaba la lucha por la tierra de manera aislada, su lucha era por el territorio y por la autonomía de los pueblos.

Si bien el artículo 27 constitucional de 1917 puede considerarse una conquista de las luchas campesinas que abrió el camino para la recuperación de tierras a lo largo del siglo XX, los pueblos indios nunca fueron reconocidos como sujetos de derecho público más allá del derecho agrario; ni sus territorios ni su autonomía fueron respetados. La nación mexicana trató a los pueblos indios como campesinos a quienes, en el mejor de los casos, había que integrar a procesos productivos capitalistas.

Las agresiones contra los territorios y formas de gobierno indígenas y campesinas nunca terminaron. Al contrario, se han ido acentuando, actualmente vemos un ciclo de contrarreformas neoliberales, que comenzó de manera clara con la reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992. Este nuevo ciclo ha tenido, en menos de veinte años, efectos muy veloces y profundos en la destrucción de culturas y tejidos comunitarios y en la apropiación y transformación capitalista de los territorios.

Si bien su punto de partida ha sido el desmantelamiento de la propiedad ejidal y comunal, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 profundizó la destrucción de la vida campesina más allá de esto. La traición de los Acuerdos de San Andrés y la aprobación de la contrarreforma indigenista conocida como Ley Bartlett-Cevallos-Ortega (acordada por el PRI, el PAN y el PRD) en 2001 representa un momento definitorio no solo para las luchas indígenas y campesinas. Con este nuevo ciclo de reformas, especialmente a partir de 2001, comienza una avalancha de leyes neoliberales en materia de bosques, aguas, semillas, minería, bienes nacionales, conocimiento tradicional y biodiversidad, todas orientadas al despojo capitalista de los territorios indígenas y campesinos, todas avaladas por el conjunto de la clase política.

Las estrategias del conquistador

De manera esquemática, encontramos tres procesos con los que operan las nuevas contrarreformas desde el gran capital, y que le permiten adquirir fuerza de trabajo, materias primas y reordenar los territorios de acuerdo a sus intereses. El capital recurre para ello al uso de marcos legales que permitan el despojo y, como consecuencia, la fragmentación de comunidades y la destrucción de economías campesinas. Además hay que señalar que frente a la resistencia de los pueblos, el Estado y la clase política llegan a operar fuera de los marcos legales, ya que el despojo opera, en la mayoría de los casos, usando la represión violenta, abierta y descarada.

a) La modificación de marcos legales para hacer de la tierra una mercancía. Con la reforma del Artículo 27, vino la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria y la aprobación de nuevas leyes en materia agraria, forestal, minera y de aguas nacionales.

La nueva Ley Agraria dio paso a la “certificación” –ahora lo llaman “regularización” – de ejidos y comunidades, para permitir diferentes contratos de cesión de derechos (renta, compra, venta, concesión) o la aportación de tierras de uso común a sociedades civiles o mercantiles. La entrega de títulos individuales de las parcelas y la delimitación de la zona de uso común, permiten a núcleos agrarios fraccionar, arrendar, vender, comercializar o hipotecar en garantía. En realidad se trata de una política más amplia para un nuevo proceso de concentración de tierra, dando paso también a diferentes formas de apropiación capitalista del territorio. Por lo tanto se trata también de cambiar toda la forma de organización productiva en el campo mexicano.

b) La destrucción de economías campesinas, comunitarias y populares, de la soberanía alimentaria y la apertura comercial para el desplazamiento masivo de poblaciones campesinas. Esto ha venido acompañado del arrinconamiento del comercio ambulante y la asfixia del pequeño y mediano comercio, todo para beneficio del gran capital comercial extranjero y nacional.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte remató toda una serie de políticas para desmantelar los sistemas de producción y comercialización de los alimentos y productos básicos. Se acabaron los subsidios y la organización estatal de la producción y comercialización campesina, la añoranza de esquemas como Conasupo o el Inmecafé es inútil, hace tiempo ya que Diconsa únicamente introduce a las regiones productos para el consumo que en su inmensa mayoría son importados y de mala calidad.

Como consecuencia del TLCAN, las importaciones de maíz proveniente de Estados Unidos se han multiplicado por quince. La competencia estadounidense se ha sumado a políticas dolosas del gobierno mexicano que, en el caso del maíz, incluso llegaron a liberalizar el mercado más allá de lo requerido por el propio acuerdo y han permitido el ingreso, y ahora la siembra, de maíz transgénico en el país. El TLCAN significó el desmantelamiento de la producción agrícola nacional y de la agricultura campesina, ahora los campesinos mexicanos sobreviven con los millones de dólares que los migrantes han venido enviando a sus familias; por lo general estas remesas garantizan únicamente la infrasubsistencia de las familias, y lejos están de poder impulsar los procesos productivos. En los últimos años han sido expulsados del campo mexicano un promedio de mil campesinos al día.

c) Los territorios y saberes indígenas y campesinos representan intereses que son perseguidos por el capital que impone los nuevos marcos normativos y los programas gubernamentales. Sin embargo, la gran mayoría de los bosques y selvas de México siguen resguardados por los pueblos indígenas y campesinos que mantienen una propiedad y gobierno colectivos. La gran diversidad de luchas y formas de resistencia que en los rincones de este país florecen representan uno de los más grandes obstáculos para la guerra de conquista del capital.

Es por ello que allá arriba inventan nuevas trampas y mecanismos de despojo: buscan fragmentar los indivisibles territorios indígenas, secuestrar pedazos de estos por medio de patentes, certificaciones o  estructuras que generan dependencia tecnológica (semillas, agroquímicos, etc.). Recurren para esto a programas de gobierno tramposos, enmascarados, imponen Áreas Naturales Protegidas o criterios de “conservación” para los recursos naturales que buscan trasladar su control a los centros del poder financiero por medio, por ejemplo, de sistemas como la venta de bonos de carbono y de pago por servicios ambientales hidrológicos.

Por otro lado, donde antes el Estado era el aval de la producción nacional de los campesinos, ahora se abre un gran mercado, pretendidamente libre, para la acción del capital en sus diferentes formas: desde el industrial, el financiero, el comercial, el bancario, el inmobiliario, etc. La clase política en su conjunto está volcada en tareas gerenciales o administrando sus feudos regionales, todos trabajan al servicio del gran capital. Todos los partidos políticos han apoyado, y apoyan en lo fundamental, las contrarreformas neoliberales, sus marcos “legales”, los tratados comerciales, los presupuestos federales y estatales, y sus reglas de operación.

Territorio Comunitario, 1 de enero de 2014
Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata

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